jueves, 11 de junio de 2009

EL TRAGICO FIN DE NUESTRO PRIMER JUEZ DE PAZ



La historia de hoy está dirigida a rescatar la figura de don Antonio Ríos. Este español, nacido en Galicia, casado con doña Nieves Gorvea, tuvo el honor de ser nombrado como el primer Juez de Paz de nuestra comunidad.

El año de su nacimiento deja lugar a dudas, pues en el censo realizado en 1849 en el pueblo y suburbios lo citan con 53 años, casado, labrador y propietario de una estancia, mientras que al fallecer en 1851, el P. Esteban Solari anotó en el acta de defunción que tenía 50 años. Es posible que el primer dato sea el acertado, ante la suposición que él dio la edad al ser censado.

No la he podido precisar su llegada a Diamante, pues no figura en el censo de 1844, encontrándoselo recién en un documento del año 1848 cuando vendió “una romana de cuarenta arrobas” a la Receptoría de Rentas.

Su nombramiento tuvo que ver con el Reglamento de Administración de Justicia que sancionó la Honorable Cámara de Representantes de la Provincia el 13 de abril de 1849, por el cual se fijó la Magistratura Judicial. En la Sección 2º se dio la división territorial de la Provincia, apareciendo por primera vez el departamento Diamante, mencionando en el punto 3º como “el territorio comprendido desde el Paracao, Paraná abajo hasta la barra del Dol, comprendiendo el pueblo y suburbios, y los distritos Salto Palmar, Costa Grande e Isletas”.

Luego en la Sección 3º se fijaban los Jueces Subalternos que debían haber en cada departamento, indicando en el punto 2º para Diamante: un Juez de Paz, un Alcalde de Barrio en el Pueblo y cuatro Alcaldes de Distrito en la Campaña.

Cumpliendo esto, por decreto del gobierno de la Provincia del 27 de julio se nombraron los Jueces de Paz en los pueblos de la misma, dándose a conocer los listados a través de su publicación en “El Federal Entre-Riano”, en su Nº 284, periódico del que todavía queda un ejemplar archivado celosamente en la Hemeroteca del Museo Martiniano Leguizamón, de la ciudad de Paraná.

Fue el momento que estaban naciendo las primeras instituciones de la Villa, a través de las órdenes del general Urquiza, que comenzaron con esas disposiciones del 4 de julio del año anterior al nombrarse como Comandante Militar a Luis Hernández, la habilitación del puerto para operaciones de importación y exportación y poner en funciones a su primer Capitán: don Martín José Ruiz Moreno, la apertura de la Receptoría de Rentas y la designación de su titular en la persona de Manuel Agulla, cuyos detalles desarrollé en varios trabajos desde “El Supremo”, principalmente en el titulado “Diamante entre 1848 y 1851”, publicado en los números 524 y 525 del mes de octubre de 1998.

Ríos no solo cumplió con su función, sino que dado su prestigio ocupó distintos cargos, algunos interinos como cuando Urquiza reclamó la presencia de Luis Hernández, al ordenarle “debe presentarse el día 10 en San José, dejando a cargo del puesto a la persona de su entera confianza don Antonio Ríos”.

Otro de mayor responsabilidad, fue cuando cumpliéndose en noviembre de 1849 el decreto del Gobierno de la Provincia, se hizo cargo de la presidencia de la Junta Inspectora de la Escuela de Primeras Letras de Diamante, acompañándolo como vocales los vecinos José Domingo Madolell, Benito Pujato y Manuel Agulla, organizando el funcionamiento del establecimiento.

Pero el tema de hoy tiene que ver con lo sucedido con esa planificación de llevar adelante la construcción de obras públicas, encomendándole Urquiza al comandante Hernández que "con motivo que en esta Villa se ha de construir un templo y algunos otros edificios públicos por cuenta del Estado, es conveniente vea el modo de conseguir algunos individuos inteligentes en hacer ladrillos siendo de probidad y teniendo buenas recomendaciones. No tienen como poner en planta algunos hornos y con preferencia se tomará ladrillo que necesite para las obras públicas al precio corriente". Inicialmente se pensaba traer gente de Victoria por sugerencia del gobernador, pero Hernández, dentro de su gran obra de promover el crecimiento de las actividades de producción de la Villa, informó que "el coronel Santiago Cardozo y el Alférez de la 5ª División don Gregorio Hernández han recibido del Estado dinero para formar sus fábricas, han construido un material superior y tiene alguna cantidad ya quemada y para tomarlo deseo me diga V. S. si debo tomar para el templo, comandancia u otro edificio para con arreglo a que sea descargado en el sitio que corresponde".

A raíz de ello sobrevino el problema con esa adquisición (ver “El litigio por los ladrillos del templo - El Supremo Nº 862 del 09-04-2002) y ante la posibilidad de que ocurrieran cuestiones semejantes, el ministro de gobierno general Miguel Galán a instancias del gobernador, mandó crear una comisión que se encargara de “Inspeccionar y correr con los pagos de la obra de la Iglesia Provisional”. Rápidamente se la integró con algunos de los caracterizados vecinos ya nombrados: Pujato, Madolell y también don Antonio Ríos, a quienes entre otras disposiciones, se les fijó que por la Caja de Hacienda de la Provincia se les proporcionaría los fondos que precisaran para la obra.

A partir del 20 de octubre de 1849 comenzaron a llevar el “Libro Registro de Gastos en la Obra de la Iglesia por parte de esta Comisión Administradora”, asentando meticulosamente semana a semana todos los detalles de ellos, recibiendo las primeras remesas de parte de la Receptoría de Rentas del Diamante cumpliendo las instrucciones del Ministro, y que tenía que ver al concluirse el 18 de cavar los cimientos, asentado piedras en ellos, por lo que pagaron la primera semana de trabajo al oficial y peones contratados, abonando además 38 pipas de agua traídas desde el río, 58 carradas de arena y al artesano Martiniano Martínez que realizó trabajos de herrería. Además en esos días se compraron seis palas de "fierro", útiles de cocinas, lienzo para bolsas, dos carretillas de mano, rejas para ventanas, etc.

La obra continuó avanzando y permitió que aunque no estuviera terminada, el 1º de junio de 1850 se nombrara como Presbítero Teniente de la Vice Parroquia de la Villa al sacerdote Esteban Solari.

En poco tiempo, Solari confió en buscar como colaborador a Ríos con el visto bueno del comandante Hernández, nombrándolo como mayordomo de fábrica de la Iglesia y encargado del cementerio (se llamaba mayordomo de fábrica a los encargados de llevar las cuentas de la iglesia).

El 1º de febrero, en la Relación Estadística correspondiente al mes de enero de 1851 del departamento Diamante, en el párrafo destinado a describir obras de Edificios Públicos, se expresaba: "El edificio de la Iglesia de esta población se concluyó el día 12 y está rindiendo el servicio a que fue destinado".

Pero a pesar de la prolijidad que trataba de imponer Ríos en su contabilidad, hubo un aparente faltante de dinero según las cuentas que llevaba de la obra, de lo indudablemente se sintió responsable, ya que él era el que cumplía el rol de tesorero de la Comisión, por lo que no sólo lo puso esa diferencia de su peculio personal, sino que lo llevó a la trágica determinación de quitarse la vida el 15 de febrero de 1851, hecho que quedó documentado en el acta que escribió en puño y letra el P. Solari en el folio 7 del Libro de Defunciones: “Falleció por haberse, como se cree, envenenado a sí mismo y no sin señales de penitencia, falleció a los 50 años. Testó ante Luis Hernández, Comandante Militar de este punto, por verdad firmo. P. Esteban Solari.

El 24 de marzo, Madolell y Pujato elevaron al contador general de la provincia Vicente del Castillo, los registros de los gastos de las 51 semanas que demandó la construcción del templo, con la inscripción: “Importa la presente cuenta la cantidad de tres mil quinientos cincuenta y siete pesos y un cuartillo reales según comprueban los documentos adjuntos, desde el uno hasta el Nº ciento treinta y seis, deduciendo, tres mil ciento cincuenta y un pesos, seis y medio cuartillo recibidos del Administrador de esta Aduana, según expresa los recibos de la comisión, desde el uno hasta el Nº veinte y cinco, más de treinta y ocho pesos, seis reales, importe de veinte fanegas de cal y doscientos mazos de paja, resulta un saldo a favor de la Caja de trescientos cincuenta y ocho pesos, tres y tres cuartillos, según resumen al final de esta cuenta demuestra las cantidades abonadas a cada uno de los Ramos de que se compone dicha obra y las existencias sobrantes”.

Revisadas estas, Del Castillo devolvió toda la documentación para que sea legalizada por el Receptor de Rentas y el Comandante Militar, lo que al ser concretado fue remitida nuevamente. De aquí surgió que el 1º de agosto, Vicente del Castillo expresara entre otras consideraciones, que “examinada y revisada por esta Contaduría General, cuya exactitud queda bastante bien comprobada, pues en ella solo se encuentran dos errores de poca consideración, reparables. El primero consta en el documento Nº 13 abonando al Maestro Santa Cruz, sesenta y un pesos siete y tres cuartillos reales, para pago de jornales en el lugar de sesenta y dos pesos siete y tres cuartillos reales; y el segundo documento Nº 118 por haber duplicado una partida de diez pesos abonados a don Matías Navarro, cuyo abono se había ya hecho en la cuenta del expresado Santa Cruz y consta en el documento Nº 66. Resulta pues que el saldo efectivo contra el Estado es de trescientos cuarenta y ocho pesos tres y tres cuartillos reales, de cuya cantidad abonando del susodicho Santa Cruz los once pesos que se le adeudan por error de cuenta, son a favor de la testamentaria del finado Don Antonio Ríos, que como tesorero de la Comisión suplió para dicha obra trescientos treinta y siete pesos tres y tres cuartillos reales, según consta por el informe que al respecto han dado los otros dos miembros en una nota fechada el 22 del corriente. Dignándose V.S. impartir en este sentido las órdenes correspondientes a aquella Administración de Rentas u a otra para que el desembolso sea más practicable puede V.S. prestar a la presente su superior aprobación”.

El 27 de agosto, el nuevo juez de paz nombrado en reemplazo de Ríos, don Diego García, le informó al receptor Agulla para debía pagar por la Caja a su cargo a la testamentaria del finado don Antonio, la cantidad de 337 pesos y 3 cuartillos reales que resultaron a favor luego de la revisación de las cuentas de la obra del templo.

De esa manera y luego de siete meses de su fallecimiento, la figura de Ríos quedaba libre de todo cargo, aunque su conciencia ciertamente no pudo superar las dudas que seguramente tuvo que afrontar, en una época que el mayor capital era la honradez y el honor. El homenaje a su imagen lo dejó también expresado el P. Solari, al agregar escuetamente en el acta de defunción: Cooperó a la fundación y adelanto de este nuevo pueblo.

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